El Gobierno de la Nación ha hecho pública su voluntad de reformar el sistema de pensiones mediante el alargamiento de la edad de jubilación. Junto a otras medidas, el Gobierno ha planteado igualmente cambios en el sistema de cálculo de la pensión.
Al margen de cualquier acuerdo con los agentes sociales, al margen de cualquier proceso de concertación social y, lo que es más importante, desmintiendo el compromiso de no utilizar la crisis para deteriorar el sistema de pensiones se plantea a la sociedad española un sacrificio más, en nombre de la sostenibilidad de las cuentas públicas, frente a la crisis.
Se trata de una medida más que desplaza sobre los trabajadores y trabajadoras el peso de la crisis económica. Una filosofía que sustituye cualquier lógica de solidaridad y compromiso con la superación de la crisis por la lógica neoliberal de reducción del gasto social.
Esta medida, junto a otras que vienen aplicándose por el gobierno, suponen una agresión a los derechos de los trabajadores, una concesión a la derecha política y económica y a los empresarios que, por otra parte, no constituye ninguna aportación concreta y real a la superación de la crisis económica.
Desde aquí quiero mostrar mi rechazo a la ampliación de la edad de jubilación, a cualquier modificación de los sistemas de cálculo de la pensión que reduzcan las expectativas y derechos de los trabajadores y trabajadoras en activo.
No podemos permitir que los derechos adquiridos por nuestros mayores a través de la lucha y la reivindicación social, un gobierno que presume ser de izquierdas y que nos intenta vender que trabaja por las mayorías y por las clases sociales más desfavorecidas, ahora se los cargue de un plumazo.
Al margen de cualquier acuerdo con los agentes sociales, al margen de cualquier proceso de concertación social y, lo que es más importante, desmintiendo el compromiso de no utilizar la crisis para deteriorar el sistema de pensiones se plantea a la sociedad española un sacrificio más, en nombre de la sostenibilidad de las cuentas públicas, frente a la crisis.
Se trata de una medida más que desplaza sobre los trabajadores y trabajadoras el peso de la crisis económica. Una filosofía que sustituye cualquier lógica de solidaridad y compromiso con la superación de la crisis por la lógica neoliberal de reducción del gasto social.
Esta medida, junto a otras que vienen aplicándose por el gobierno, suponen una agresión a los derechos de los trabajadores, una concesión a la derecha política y económica y a los empresarios que, por otra parte, no constituye ninguna aportación concreta y real a la superación de la crisis económica.
Desde aquí quiero mostrar mi rechazo a la ampliación de la edad de jubilación, a cualquier modificación de los sistemas de cálculo de la pensión que reduzcan las expectativas y derechos de los trabajadores y trabajadoras en activo.
No podemos permitir que los derechos adquiridos por nuestros mayores a través de la lucha y la reivindicación social, un gobierno que presume ser de izquierdas y que nos intenta vender que trabaja por las mayorías y por las clases sociales más desfavorecidas, ahora se los cargue de un plumazo.