viernes, 14 de marzo de 2008

ESTOS SON LOS "INMEDIATOS" RESULTADOS DE LA PRIVATIZACIÓN: "quien mal empieza..."

Tres proveedores acusan de impago al hospital de Valdemoro.

Según publica este viernes el diario El País, tres proveedores del hospital Infanta Elena de Valdemoro se han negado a servir nuevas mercancías al centro, ya que acusa de impago a Capio Sanidad, propietaria del hospital y de la Fundación Jiménez Díaz.

Al parecer, este es el único de los nuevos hospitales que tiene una gestión completamente privada. Recibe anualmente de la Consejería de Sanidad 330 euros por cada uno de los más de 100.000 habitantes de la zona, de forma que si los costes médicos son inferiores a la subvencion pública, esta se convierte en beneficios para la empresa, y si son superiores, la entidad debe asumirlos.


"El problema de base -explicó un trabajador del centro- es que Capio calculó que la población de la zona es joven y va poco al hospital. Pero resulta que hay muchas residencias de mayores que están enviando pacientes y esto está complicando las cuentas". Esto ha supuesto, según el trabajador, que el centro haya tenido que ponerse a ahorrar "a toda pastilla".

Fuentes que han tenido acceso a la dirección del hospital aseguraron al periódico que éste "ha acumulado ya un déficit de unos 600.000 euros, cuando lo previsto a estas alturas del primer año eran unos 70.000. Además, la inversión inicial prevista, de unos 65 millones de euros, se ha disparado hasta más de 77".

Para paliar estas pérdidas se estan siguiendo varias estrategias. Una de ellas es la de retrasar todo lo posible el pago a los proveedores, lo que ha motivado el conflicto con tres de ellos. Otra ha sido derivar a los pacientes a otros hospitales, fundamentalmnente a la Fundación Jiménez Diaz.

"El hospital de Valdemoro debe pagar por los tratamientos a sus pacientes en otros centros y así el dinero no sale del grupo", explicaron estas fuentes.Además, se han rebajado los salarios del personal de enfermería respecto a los que el hospital les prometió inicialmente; de 21.655 euros han pasado a 19.000, es decir, un 12,2 por ciento menos. Un portavoz de Capio declinó este jueves contestar a las preguntas de El País sobre estos hechos.