La nueva Directiva Europea permite aumentar la semana laboral vigente, actualmente en 48 horas, hasta las 60 horas semanalmente, en casos generales, y a 65 e incluso 78 horas para ciertos colectivos cómo los médicos.Esta propuesta representa una clara involución de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Europa, y por tanto afecta a la ciudadanía española.
La semana laboral de las 48 horas es un derecho social conseguido gracias a la lucha del movimiento obrero, y consagrado por la Organización Internacional del Trabajo, hace casi un siglo, por lo que no se puede consentir que los logros obtenidos tras tantos años de lucha y reivindicaciones sean suprimidos de un plumazo por los Dirigentes Europeos, que va en contra del Estado de Bienestar y de los derechos laborales de todos los/las ciudadanos y ciudadanas de Europa.
Lo aprobado atenta contra el derecho constitucional a la negociación colectiva e introduce la posibilidad de que el trabajador renuncie a sus derechos, una directiva que de ser definitivamente aprobada supondrá una agresión brutal a los derechos sociales y laborales de los y las trabajadores y trabajadoras de Europa.
1.- Establece la posibilidad de que se incremente la jornada laboral mediante un simple acuerdo entre el empresario y el trabajador individual, al margen de toda negociación colectiva.
2.- Pretende no considerar como “tiempo de trabajo” los periodos en los que, aún permaneciendo en el lugar de trabajo o estando disponible no se esté realizando un trabajo efectivo, como es el caso de las guardias médicas.
Esta propuesta atenta gravemente con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, con la aprobación de esta ley se está devaluando el estado de bienestar, que tantos años de lucha nos ha costado conseguir.
Hemos de exigir al Gobierno Español el rechazo explícito a la directiva europea, y en el caso de ser definitivamente aprobada su NO APLICACIÓN en el territorio español, además de instar a los Eurodiputados españoles que voten en contra de ella, puesto que supone un claro retroceso en los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y de Europa.
