Hay un mínimo de 50000 personas grandes dependientes que tendrían ya derecho, en este año, a ser atendidos a través del sistema de atención a la dependencia. Tras más de 6 meses de la entrada en vigor de la ley, tan sólo 10000 madrileños/as han solicitado su derecho de reconocimiento y de ellos más del 60% están pendientes de que su situación sea valorada.
La razón de fondo es la continua confrontación de Esperanza Aguirre con el Gobierno central y con ello, las patadas a Zapatero se dan “en las espinillas de nuestros mayores”.
La Comunidad de Madrid se encuentra a la cola de la aplicación de la Ley de Dependencia. El resto de las comunidades autónomas han establecido dispositivos y se han dotado de profesionales para la valoración y determinación de las situaciones de dependenci
a. La situación en Madrid se caracteriza por una absoluta parálisis y desconcierto generalizado.
La escasez de solicitudes presentadas hasta el momento tiene que ver con una gran falta de información. Sin embargo, el gobierno de Aguirre llevó a cabo una importante campaña publicitaria y de propaganda en el marco de las elecciones y dentro de su estrategia de enfrentamiento con el Gobierno central, pero no ha puesto en marcha ninguna campaña informativa dirigida a que l@s madrileñ@s sepan lo que deben hacer y dónde deben acudir.
“La Ley de Atención a la Dependencia no puede ser objeto de confrontación política, sino de cooperación y su aplicación es una obligación”.
En Madrid, dentro de lo poquito hecho hasta ahora, se está baremando sin el amparo de un decreto que regule los procedimientos y los dispositivos para la aplicación de la cartera de servicios y prestaciones que por derecho pudiera corresponderles.
El decreto es imprescindible para que se materialicen las transferencias económicas necesarias para la financiación del sistema y se concreten los acuerdos de colaboración con los municipios, piezas clave en la atención de las necesidades sociales de la población.
