El Neoliberalismo es un ataque directo a los mecanismos de redistribución de la riqueza que se está desarrollando a nivel mundial, una revuelta de las élites contra los ciudadanos. La meta de esta ofensiva es clara, concentrar todavía más la riqueza en manos de unos pocos, y el principal obstáculo para conseguirlo son los Servicios Públicos, verdaderos pilares del Estado del Bienestar.
Los Servicios Públicos no sólo garantizan a toda la ciudadanía unos mínimos materiales (educación, jubilación, desempleo) y la protección social más básica (sanidad, justicia, fuerzas de seguridad), sino que lo hacen al margen del mercado, anteponiendo criterios sociales (acceso universal y trato igualitario) a la obtención de beneficios, sin excluir a nadie de su utilización o consumo, y mucho menos por su capacidad económica.Al estar controlados democráticamente, a través de las Administraciones Públicas, y financiados colectivamente, a través de los impuestos, los Servicios Públicos son la mejor herramienta para proteger el interés general, reducir las desigualdades sociales y para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos universalmente reconocidos… Al fin y al cabo, sin un sistema de sanidad público, ¿cómo se ejerce el derecho a la salud?.
Su utilidad, sin embargo, no se limita a la redistribución social de la riqueza. También dificultan la concentración de poder en la medida en que, al garantizar universalmente las necesidades básicas de los ciudadanos, les permite involucrarse activamente en la vida política y articular alternativas a los planteamientos de las élites económicas. Cuanto menos precarias son las condiciones de vida de la población, más difícil resulta controlarla, hasta el extremo que si el Estado llegara a ofrecer suficientes Servicios Públicos de calidad, el equilibrio de poder en la sociedad cambiaría a favor de la clase trabajadora.
Por estos motivos resulta de máxima prioridad para todos los ciudadanos la defensa de unos Servicios Públicos amplios, de calidad y al margen de la dinámica mercantil.
Su existencia, ahora amenazada, supone uno de los logros sociales más significativos en la historia de la humanidad. La eficiencia social es incompatible con la eficiencia mercantil...
¿Hay algo más ineficiente que hacer una costosa operación médica a una ancianita de 85 años?, ¿o pagar un salario a quien no puede trabajar a causa de un accidente?, ¿o construir una escuela a la que asistirán 5 niños?, ¿o dedicar recursos a proteger la biodiversidad del planeta?, ¿o financiar una investigación sin un fin comercial concreto? Probablemente no… si usamos criterios estrictamente económicos.
Por eso es necesaria una gestión pública de los servicios y bienes más necesarios para la vida y el desarrollo de las personas, porque los derechos no son un artículo de lujo ni una mercancía.
Sólo el Estado tiene los recursos necesarios y la obligación legal (Art. 9 de la Constitución española) de proteger el interés general y hacer valer los derechos de los ciudadanos, sin importar el precio.
El sector publico es deficitario por definición, y deberíamos alegrarnos de que así sea. Cualquiera que haya trabajado en una empresa privada sabe cómo se logra la eficiencia mercantil: principalmente a costa de los clientes y de los trabajadores.Hay cosas que el dinero no puede pagar, para todo lo demás…
La sociedad es la solución práctica que históricamente se ha dado al problema de la necesidad de los demás.
La sociedad se basa en la solidaridad. En la desigualdad y la injusticia está la semilla del odio y la violencia, por ello es necesaria la intervención del sector público en la economía, ofreciendo una amplia oferta de servicios públicos, que no excluyan a quienes tienen menos recursos ni se limiten a los grandes centros urbanos.
Frente a la opción privatizadora debemos defender la “socialización” de los servicios públicos, de modo que sean los ciudadanos / usuarios quienes decidan la forma de organización, el funcionamiento y la finalidad de los mismos, autogestionándolos en colaboración con los trabajadores que los prestan.
La opacidad de la gestión privada suele ser el mejor caldo de cultivo para la corrupción y el tráfico de influencias, y suele traducirse en reducción de calidad, aumentos de precios, precariedad laboral y destrucción del medio ambiente.
Por eso, ante el primer signo de deterioro de los servicios públicos es necesario organizar una contestación ciudadana constante para reclamar el restablecimiento y mejora del servicio afectado.
Sólo una presión ciudadana fuerte y constante puede frenar la destrucción del estado del Bienestar. Tu colaboración es necesaria para reconquistar ideológicamente los poderes del estado y contestar, en la calle y en las urnas, toda iniciativa privatizadora que se intente llevar a cabo.
