¿ESCASEAN LAS VIVIENDAS O LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA?

Un análisis racional de la política de vivienda de España nos lleva a una conclusión aparentemente contradictoria: disponemos de muchos pisos y casas –al tiempo que seguimos construyendo muchos más- pero, sin embargo, el aumento de la oferta residencial coexiste con el crecimiento de los precios y con las dificultades para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda.

En 2002, en España se terminaron 10 viviendas por cada mil habitantes, cifra sólo superada por Irlanda en la Unión Europea de los Quince (UE-15). En Francia, se construyeron 5.2 viviendas por cada mil habitantes; en Alemania, 3.6; en Reino Unido 3.1 y en Suecia 2.2. Ha habido años en que hemos construido en España tantas viviendas como en Francia, Alemania e Italia juntas. De hecho, en el período 1998-2004, se terminó una media de 545.000 viviendas anuales, pese a que el número de hogares crecía en 281.000 al año. Es indudable que construimos muchas más viviendas que nuestros vecinos europeos.

Sin embargo, el difícil acceso a la vivienda ha hecho que, por ejemplo, los jóvenes de 25 a 29 años cada vez se emancipen más tarde.

La conclusión es tan heterodoxa como obvia: la solución a los problemas residenciales apenas pasa por nuevas edificaciones. Ni hay escasez de viviendas, ni construyendo más pisos se satisface automáticamente el derecho a una vivienda digna para quienes más la necesitan. Aquí lo que escasea no es el número de pisos y casas, sino la intensidad de las políticas de acceso a la vivienda.

Otro motivo de la disociación existente entre nuestro enorme parque residencial y la satisfacción del derecho a la vivienda proviene de la fiscalidad. Los promotores fijan el precio calculando el esfuerzo familiar máximo para comprar un piso, incluidas las deducciones fiscales.

Si un ciudadano paga menos impuestos al adquirir una casa, ya se encargará el promotor de subirle el precio en una cuantía equivalente a su ahorro fiscal.
Y además, la manera de fijar los precios dificulta el acceso a la vivienda. Los promotores los calculan de manera que siempre se acerquen al límite de la capacidad de endeudamiento de los compradores.

¿Cómo abordar una política residencial que revierta la situación descrita? Para empezar, tomándose en serio la creación de un parque de viviendas de alquiler social. Sería un factor decisivo para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. No es una utopía irrealizable: es lo normal en países con una renta similar a la nuestra.

Habría que gravar fiscalmente la vivienda vacía, reorientar la construcción de viviendas de protección oficial hacia el alquiler social y mediar para introducir en el mercado de alquileres las casas vacías.

Madrid tiene casi el 10% del total nacional de viviendas vacías.
El censo del año 2001 establece que en Madrid existían 306.556 viviendas vacías, un 40% más que 10 años antes. Y estas cifras irán en aumento en los próximos ejercicios, ya que, de persistir este ritmo de crecimiento, entre 2001 y 2011 (periodo que abarca el próximo Censo de Viviendas), el aumento absoluto del parque de estas viviendas será de unos seis millones.

Por lo pronto, este año, de las 734.500 viviendas iniciadas estimadas, 300.000 pasarán a engrosar el ya elevado parque de pisos secundarios y vacíos. Esto confirma la idea de que la vivienda está siendo considerada como un refugio de los capitales especulativos, rompiendo con el precepto constitucional de la vivienda como bien público, como derecho objetivo de todas las personas.

Parece claro que la solución al problema de la vivienda en España pasa necesariamente por producir un gran número de viviendas de protección oficial (VPO) y por revitalizar el mercado del alquiler.

ENCUESTA DEL BLOG:

¿Es partidario de gravar fiscalmente las viviendas vacías para fomentar el mercado de alquiler?

SI: 8 LA 2ª VIVIENDA: 3 NO: 8